Las claves legales para reclamar al Estado por el Covid-19

By 2 junio, 2020 Blog jurídico
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Responsabilidad patrimonial

¿Qué responsabilidad y en qué casos, cabe exigir a la Administración por los daños sufridos por los ciudadanos empresarios y comerciantes?

No resulta fácil anticipar la viabilidad de cualquier reclamación. Con carácter general, hay que considerar si la declaración del estado de alarma, el momento en que se decretó, y las medidas que lo han ido acompañando para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19— son actuaciones que generan responsabilidad patrimonial de las Administraciones implicadas en la gestión de los servicios públicos.

Ausencia de fuerza mayor

En principio la Administración está obligada a responder con indemnizaciones de los daños que cause la actuación normal o anormal de los servicios públicos, cuando no sean debidos a fuerza mayor, o bien el administrado no tenga el deber legal de soportar tales daños.
La fuerza mayor que exime de responsabilidad al Estado requiere que haya una total ausencia de culpa, porque la culpa es incompatible con la fuerza mayor y el caso fortuito; y que la “fuerza mayor” ha de consistir en una fuerza superior a todo control y razonable previsión acorde a las circunstancias, de modo que resulte inevitables sus efectos. Y ello, considerando que resulten circunstancias ajenas a la Administración, que no hayan de ser previstas y asumidas por ésta, lo cual no parece concurrir en este caso, dado que forma parte de la acción de ésta la vigilancia de la salud pública.

Por ello, hemos de analizar cuándo la fuerza mayor en que se ampara el Estado no justificaría medidas perjudiciales para su negocio en concreto, por estimarse evitables ante la opción de medidas alternativas, o bien por deberse dichas medidas a imprevisión o ineficaz gestión, resultar desproporcionadas o irrazonables como respuesta a la pandemia. Y que así sean declaradas.

Ha de acreditarse esa ausencia de causa de fuerza mayor, basándose en algo que no habría sido inevitable, como podría ser incumplir protocolos sanitarios, o desatender alertas relativas a la pandemia.
Parece evidente que la eventual culpa y consiguiente ausencia de fuerza mayor de las administraciones públicas no se refiere a la aparición del COVID-19, sino a la ausencia de previsión y control.

Factores que pueden excluir la fuerza mayor y favorecer la reclamación

De un lado, habrá que considerar la inacción de la administración en la autorización y no suspensión de eventos con gran concentración de personas, no controlando la expansión de la pandemia
Sobre la base de la disponibilidad de la información necesaria y suficiente para saber que esas concentraciones revestían un grave peligro para la salud pública, no siendo por tanto imprevisible e inevitable la expansión de la pandemia, o, al menos, de un modo tan intenso. Aquí entran en juego las pruebas acerca de la efectiva disponibilidad de información suficiente de la Administración, y la adopción tardía de las medidas.
Habría que probar el nexo causal entre esa omisión consistente en prohibir las concentraciones y el daño consistente en haberse contagiado del virus, excluyendo otros factores causales.

Otro factor de culpabilidad y falta de causa de fuerza mayor, sería la de la negligencia en la gestión (prevención y curación) del coronavirus desde un punto de vista médico y sanitario.
Ahora bien, de entrada la declaración de pandemia global por la OMS y del estado de alarma, podrían hacer que la responsabilidad estuviera excluida al considerar que se trata de un supuesto de fuerza mayor (pandemia), que, en general, al ser global, no se hubiera podido prever o evitar su expansión, según el estado de los conocimientos de la ciencia.

Sin embargo, la fuerza mayor, no puede excluir toda responsabilidad, aunque la situación fuera imprevisible, si es que no se gestionó adecuadamente el control posible y tratamiento del virus, dentro de los conocimientos de la ciencia y de la técnica.

Así, en cuanto a las posibles actuaciones negligentes en la prevención o curación del coronavirus, habría que considerar la casuística dispar para analizar si, en cada caso concreto, en efecto, la gestión de los medios existentes se realizó de modo adecuado o no y, en consecuencia, si el daño fue o no causa directa y exclusiva de la fuerza mayor (pandemia) o si tuvo o no incidencia directa la gestión de los medios existentes y conocidos por la administración en el contagio y en el tratamiento de la enfermedad derivada del virus.
Habría que determinar cuál hubiera sido la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, en aspectos como los medios de protección, la realización de test, la habilitación de camas, etc.

El perjuicio económico acreditable

Por otro lado, hemos de considerar en cada caso la existencia de un perjuicio económico efectivo, y acreditarlo y evaluarlo de forma individualizada, en forma de gastos indebidos y lucro cesante, lo que usted ha dejado de ganar.

Ello implica probar, en base a la información contable y de ingresos y gastos, la reducción de la facturación durante el tiempo que se han aplicado las medidas, respecto a períodos inmediatamente anteriores.

En esta línea, habrá que estimar si estamos ante una actividad empresarial afectada directamente por las suspensiones previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), o por órdenes dictadas por la Autoridad competente.

Relación de causalidad

También hay que analizar la relación de causalidad directa entre ese perjuicio y las medidas gubernamentales que afectan al funcionamiento de servicios públicos, como los sanitarios, incluida la vigilancia ante riesgos para la salud pública, o cualquier actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa, por omisión o pasividad.

Hay que analizar por ello la concreta actuación de la Administración que ha podido causarle el perjuicio.

Resulta determinante probar que la actividad o inactividad de la Administración, considerando el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento relevante, fue la causa del daño concreto, por decisiones imprudentes, desproporcionadas, insuficientes, tardías o erróneas.

Habría que descartar otros factores que pudieran concurrir a la hora de causar el daño referido a la merma de ingresos, aparte de las medidas del Gobierno, como pudieran ser la gestión empresarial, pérdidas anteriores acumuladas, crisis específicas del sector, etc. La genérica invocación de las medidas restrictivas o prohibitivas, no resulta suficiente.

Es preciso distinguir, además, los daños debidos a la pandemia de los daños debidos a las medidas inadecuadas de la Administración o del poder legislativo. Sólo respondería por los daños debidos a dichas medidas.

Asimismo, hemos de considerar como causa del perjuicio, no ya sólo la adopción de medidas, incluso con causa de fuerza mayor, sino la inseguridad jurídica debida a la aprobación de normas confusas en su interpretación y aplicación, y que amparan la posible arbitrariedad de los poderes públicos a la hora de aplicarlas.

Responsabilidad penal

Las responsabilidades penales en forma de omisión del deber de socorro, de lesiones u homicidios imprudentes, pueden traer causa de falta de dotación de medios de protección a empleados y funcionarios públicos, así como de supuestos de ausencia de asistencia sanitaria en casos de riesgo manifiesto y grave como los ancianos residentes, asistencia sanitaria deficiente, por no corresponder a protocolos médicos, falta de medios (incluido el no acceso a UCIs), mala gestión de los recursos sanitarios, incluido el no derivar a centros sanitarios privados.

Otra conducta punible de las autoridades pudiera ser la de no prohibir las manifestaciones del 8-M, lo que requiere probar que antes de su celebración las autoridades tenían suficientes datos reveladores de que las concentraciones de personas introducían un riesgo significativo para la salud de los ciudadanos, en forma de lesiones o muertes.

Asimismo, ha de estimarse que el riesgo introducido al no prohibirlas es “no permitido”, derivado de infringir alguna norma legal, incluidas recomendaciones de autoridades sanitarias internacionales, o bien cuando dicho riesgo pudiera considerarse por encima de lo tolerable, conforme a la representación del mismo que haría una persona media conociendo la información con la que en ese momento contaban o debían contar las autoridades., en cuyo caso podría estimarse el riesgo introducido por la omisión de prohibición de las autoridades como riesgo no permitido.

Para apreciar responsabilidades penales se requiere, asimismo, relación de causalidad: es decir si ese riesgo no permitido tuvo como resultado directo (causa-efecto) un incremento de los contagios de COVID-19, con las consecuencias que el contagio ya sabemos que trae consigo (en muchos casos lesiones y, en ocasiones graves, la muerte).

Discriminar esa relación de causalidad requiere de prueba pericial forense, es decir del dictamen de una institución o profesional especializado determinando la producción de un resultado lesivo (en forma de contagios que tuvieron como consecuencia lesiones y fallecimientos) en personas, a causa del riesgo introducido por la conducta, en este caso omisiva, de las autoridades no prohibiendo las manifestaciones.

Otra cuestión a resolver es a quién cabría exigir responsabilidad, a qué autoridades: quién o quiénes tenían el dominio sobre la decisión, quién participó en la toma de esa decisión y en qué grado, así como si hubo proposición, inducción o favorecimiento a la toma de esa decisión que conllevaba infracción del deber de cuidado.

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