Comparativa de la fiscalidad en España: necesidad de reformas urgentes

By 31 octubre, 2019 Blog jurídico

A tenor de la presentación del informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la presión fiscal calculada por la Tax Foundation, se pone de manifiesto la necesidad de una reforma urgente de la fiscalidad en España, que ocupa el puesto 23 entre los 36 países de la OCDE (siendo el mejor valorado el 1 y el peor el 36), lastrada por un Impuesto sobre Sociedades poco competitivo y unos impuestos sobre la propiedad que desincentivan el trabajo y el ahorro.

Tengamos en cuenta que el ciudadano medio español dedica 178 días al año (6 meses) a cubrir sus obligaciones con el Estado.

Como representantes de Hispajuris en la comisión de fiscal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), hemos analizado el informe elaborado por la Tax Foundation en colaboración con el IEE, que contiene un enfoque comparativo de la fiscalidad de los países de la OCDE, lo que permite valorar la situación de la fiscalidad española en la actualidad y los retos a los que nos enfrentamos.

El informe parte de la utilización del Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation, que permite medir, en términos comparativos, no solo la presión fiscal en un país, sino la influencia en la economía de los niveles de competitividad y neutralidad de su sistema impositivo. Así, si los tipos son demasiado elevados o los impuestos son complejos y poco claros, las inversiones se marcharán a otro país y el ahorro y la inversión caerán.

En materia de Impuesto sobre Sociedades, el caso de España es realmente preocupante, habiéndose modificado más de doscientas veces en los últimos diez años, generando una maraña regulatoria que nos aleja de los países con normativas orientadas a favorecer el crecimiento. Nuestro Impuesto sobre Sociedades es demasiado elevado, muy por encima de los países más competitivos que tienen tipos del 20%, situándonos en la posición número 22 del ranking. Este tributo, con una normativa repleta de parches y un coste administrativo elevado (por las obligaciones que se imponen al contribuyente) y una complejidad notoria en algunos aspectos, como el tratamiento de las operaciones vinculadas o la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros,  reduce la rentabilidad neta de las empresas y aumenta los costes de capital, lo que provoca unos menores niveles de inversión y de producción, salarios más bajos para los trabajadores, una rentabilidad más reducida para los inversores y unos precios más altos para los consumidores.

Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su diseño excesivamente gravoso tiende a desincentivar el trabajo, debido a su elevada progresividad, con tipos marginales de hasta el 48% en algunas comunidades autónomas españolas. Las injustas diferencias entre las distintas comunidades, la excesiva complejidad del tributo, la doble imposición que genera en los ahorros personales y las ganancias empresariales y la persecución de la Inspección de Hacienda que presume que los contribuyentes que canalizan sus rentas a través de sociedades lo hacen con ánimo defraudatorio, demonizando el uso de sociedades como instrumento de optimización fiscal y negocial, nos sitúan en el número 14 del ranking, muy lejos de Estonia o Lituania (con tipos inferiores al 24%). Aunque, en general, respecto a este impuesto estamos mejor posicionados que, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón o Francia, nuestros tipos marginales son desproporcionados, ya que algunos de estos países, como Alemania o Francia, solo aplican tipos marginales del 48% a partir de 150.000 euros de renta, mientras que en España el marginal se aplica desde los 60.000 euros.

En el IVA, España aplica un tipo general (21%) superior a la media de la OCDE (19,1%), muy superior, por ejemplo, al de Estados Unidos (7,4%). Los tipos elevados en impuestos sobre el consumo desincentivan a la actividad económica, reduciendo los niveles de consumo y mermando el ahorro y la inversión. Además, la existencia de regímenes diferenciados genera distorsiones en el tributo, al alejar sustancialmente el tipo efectivo (15%) de la tasa de referencia (21%).

Si analizamos los impuestos sobre la propiedad, España se sitúa en un lugar muy desaventajado, casi al final de la tabla, con el número 32. El IBI, la Plusvalía Municipal, el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, generan numerosos desincentivos al ahorro y al trabajo, a la inversión y a la asignación eficiente de recursos, lo que daña el crecimiento económico a largo plazo.

Estos impuestos, además de ser notoriamente elevados, generan doble imposición, pues se gravan los mismos activos bajo diversas modalidades. Además, en el caso del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, son tributos ineficientes, que apenas generan recaudación, pero inciden negativamente en el ahorro. Es flagrante el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con diferente tratamiento según la comunidad autónoma, que crea agravios comparativos injustificables y limita la transmisión entre familiares de propiedades. Ya hay diez países de la OCDE donde no existe un tributo de esta naturaleza, como Suecia, Canadá, Noruega o Australia, por lo que se hace necesario su supresión en España.

En relación con el tratamiento de las rentas internacionales, España tampoco sale muy bien parada, con el número 19 del ranking. Uno de los factores que empeoran su nota es el incremento de las restricciones encaminadas a evitar la planificación fiscal agresiva, que supone un aumento de los costes administrativos y legales, desviando recursos de las actividades productivas.

CONCLUSIONES:

Para concluir, se puede afirmar que la presión fiscal normativa en España supera la media europea en un 8,1%. Los impuestos en España son demasiado elevados y algunos, que no generan grandes recursos, sí que distorsionan el ahorro y la transmisión de activos. Paradójicamente, el bloqueo político, aunque crea incertidumbre, ha contribuido a un mejor clima impositivo, en la medida en que ha retrasado la introducción de medidas negativas para la competitividad fiscal. La ausencia de ideas de nuestros gobernantes para reducir el déficit público y el incremento del gasto de las Administraciones Públicas, deterioran el desarrollo del sector privado pues la principal fuente de financiación del Estado sigue siendo el aumento de la fiscalidad, lo que apunta a un enquistamiento de un sistema tributario excesivamente gravoso y mal diseñado para competir en el entorno globalizado actual.

Carlos Muñoz-Fresco- Fiscalista. Hispajuris