Comparte en Redes Sociales

Defensa legal de contratistas públicos ante Administración

– Indemnizaciones por suspensión de contrato
– Solicitud de ampliaciones o prórroga
– Reequilibrio económico del contrato
– Resolución indebida de contratos
– Impugnación de pliegos y adjudicaciones
– Impagos de la Administración
– Asesoramiento para concurrir a licitaciones

Le ayudamos a salvar su negocio

Todas las soluciones legales para la empresa en un entorno de crisis, a su alcance en una sola llamada.

Teléfono: 900 105 108

Por qué Hispajuris: el despacho local más grande

– Abogados en su ciudad – 35 sedes en toda España
– Un equipo de 300 abogados a su servicio
– Tenemos especialistas para cada necesidad: asesoramiento y defensa judicial
– Laboral- Concursal – Contratos públicos y privados – Reclamaciones Administración – Conocemos su sector

A quién va dirigido

  • Empresas contratistas afectadas por las medidas excepcionales COVID-19 en la ejecución de sus contratos.
  • Empresas contratistas no afectadas por las medidas excepcionales, pero sí por sanciones de la entidad contratante o incumplimientos de su parte.
  • Empresas que vayan a licitar en nuevos contratos públicos y necesiten apoyo y asesoramiento.

Sus problemas

  • Necesita ampliar plazo de ejecución del contrato, o prorrogar éste.
  • Como concesionario, quiere un reequilibrio económico del contrato
  • Quiere reclamar la indemnización de daños por la suspensión que le corresponde para tener liquidez.
  • La Administración le quiere liquidar de menos.
  • El ente contratante le ha modificado o resuelto indebidamente el contrato.
  • No está conforme con el contenido de los pliegos de contratación o con la adjudicación.
  • Un competidor impugna el contrato que le han adjudicado.
  • La Administración no le paga sus facturas.
derecho mercantil

Nuestras Soluciones

El Departamento de Derecho Administrativo de Hispajuris, a su servicio:

Contamos con un equipo de abogados especialistas con una amplia experiencia en el campo de la contratación pública, tanto en la defensa de los
contratistas como de las administraciones públicas.

Servicios

Defensa legal a contratistas públicos afectados por la suspensión de actividades


Si usted es contratista con alguna Administración, central, autonómica o local, es posible que
haya sufrido la suspensión del contrato, cuando su ejecución ha resultado total o parcialmente imposible como consecuencia de las medidas adoptadas con motivos del COVID-19

Es posible que se trate de contratos de servicios o de suministro de prestación sucesiva, los contratos de obras y los contratos de servicios de seguridad y limpieza que se venían prestando en los edificios o instalaciones públicas cerrados total o parcialmente.

Tenga en cuenta que la suspensión puede proceder de la solicitud del propio contratista,
conforme al art. 34 RD-L 8/2020 da pie a la reclamación de una indemnización por daños que debe ser correctamente
cuantificada y en su caso defendida.

Pero también puede haberse acordado la suspensión por el ente
administrativo; o incluso la suspensión se deriva de actos propios de la Administración, pero sin comunicación
alguna ni expediente.


Le ayudamos así:

– Asesoramiento previo. Hemos de conocer su caso particular, tipo de contrato, actividad y entidad contratante, para considerar la normativa autonómica, no sólo estatal, que sea aplicable.

También hemos de considerar la posible existencia en su caso de contratos no típicos o excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (v.gr. arrendamientos), que podrían resultar
igualmente afectados por las consecuencias del COVID-19, y cuya posibilidad de suspensión, prórroga o reequilibrio habrá que analizar caso por caso.

– Reclamación de la adecuada indemnización de los daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el período de suspensión, mediante asesoramiento y tramitación de la solicitud formal con la acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de los daños, lo que requiere de una memoria.

– Impugnación de la liquidación que le haga la Administración.

¿Qué daños puede reclamar?


1. Los gastos salariales, incluidas cotizaciones, que efectivamente abone el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. Le ayudamos a calcular cuáles son los importes concretos a reclamar, considerando personal adscrito al servicio, convenio aplicable, la existencia de personal con permiso retribuido recuperable, o que se le haya aprobado un expediente de regulación de empleo por causa de fuerza mayor que afecte a puestos de trabajo adscritos a los contratos suspendidos, y se haya beneficiado de la exención del pago de cotizaciones, para no ser sancionado por obtener un beneficio indebido.

2. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del
contrato.

3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato, añadiéndose para los contratos de obras que su importe deberá ser inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

4. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

Defensa legal a contratistas públicos solicitantes de la ampliación de plazo, reequilibrio económico, o prórroga del contrato

¿Cómo le ayudamos?

– Asesoramiento previo. Hemos de conocer su caso particular, tipo de contrato, actividad y entidad contratante, para considerar la normativa autonómica, no sólo estatal, que sea aplicable.

– Solicitud de ampliación, prórroga o reequilibrio económico (en el caso de concesionarios de obras o servicios) de la forma más conveniente, con la correspondiente petición de indemnización, según el tipo de contrato y la actividad.

– Impugnación de la resolución de la Administración (órgano contratista) relativa a la compensación de daños, el reequilibrio económico y la ampliación de plazo o prórroga.


Defensa legal a contratistas públicos que han sufrido modificación de cláusulas, resolución de contratos o la
paralización y abandono de licitaciones en marcha.

¿Cómo le ayudamos?

– Asesoramiento previo. Hemos de conocer su caso particular, tipo de contrato, actividad y entidad contratante, para considerar la normativa autonómica, no sólo estatal, que sea aplicable.

– Impugnación de la resolución de la Administración (órgano contratista) que acuerde la resolución, paralización o modificación del contrato.

Cómo he de concurrir a contratos públicos. Le ayudamos en futuras licitaciones

El incremento de la competencia en las futuras licitaciones públicas como consecuencia de la crisis económica y de la restricción en el sector privado, le puede hacer incidir en licitar para optar a nuevos contratos.

Le ayudamos así:

– Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores (ROLECE).

– Consultoría de contratación pública, con asesoramiento en la elaboración y presentación de ofertas. Apoyo en la justificación de bajas temerarias.

– Recursos especiales en materia de contratación, relacionados con pliegos y adjudicaciones.

– Impugnación administrativa y judicial de pliegos y adjudicaciones

– Gestión de la vida del contrato, incumplimientos (de Administración o del contratista) y defensa frente a sanciones, para evitar consecuencias como la prohibición de contratar.

– Reclamación de impagos.

Procedimientos concursales


Escríbanos y le contactamos