Informe prevenciones legales empresas del sector automoción

By 3 septiembre, 2019 Blog jurídico
prevenciones legales empresas del sector automoción

El Departamento Procesal de Hispajuris ha elaborado un informe sobre prevenciones legales orientado a optimizar la defensa de los intereses legales de empresas de reparación de vehículos y maquinaria industrial, y venta y montaje de accesorios y recambios para todo tipo de vehículos. Dicha actividad, desde la vertiente jurídica, implica que este tipo de empresas, por un lado prestan servicios de reparación – Contrato de Obra- y por otro venden piezas –Contrato de Compraventa-.

El desarrollo de esta actividad genera legalmente diferente tipología de problemas legales, cada uno de los cuales requiere tener en cuenta ciertas consideraciones:

I. Acciones judiciales de índole civil

1. Reclamaciones de la empresa por incumplimientos contractuales de los clientes consistentes en impago de precio

Con cierta frecuencia ante la expectativa de sufrir un impago los talleres ejercen, bajo el amparo del artículo 1.600 del Código Civil, el derecho de retención sobre el bien mueble respecto del cual han hecho la reparación o le han colocado piezas en tanto en cuanto no reciban el pago del precio.

Cautela legal.– Así pues, íntimamente vinculado a las reclamaciones de cantidad pudiera suscitarse el incidente centrado en si la retención ha sido ejercitada correctamente o no para lo cual es necesario legalmente apercibir al usuario para que proceda a la realización del pago y retirada del vehículo a través de mecanismo fehaciente (burofax), con la advertencia de que en caso de no ser atendido se devengarán gastos de depósito.

2. Reclamaciones dirigidas contra la empresa por daños en el vehículo, por acción de tercero, estando depositado en las instalaciones.

Este tipo de reclamaciones se basa en el deber de custodia que el titular del taller tiene para con el bien mueble que le ha sido entregado. Habitualmente tiene cobertura en los Seguros de Responsabilidad Civil (robo, incendio, etc) de las instalaciones.

3. Reclamaciones giradas a nuestros por falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso así como posible daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento o cumplimiento defectuoso.

Este tipo de reclamaciones se verá condicionado para el supuesto que nos encontremos ante una venta o reparación.

3.1. Ventas

En las ventas se debe diferenciar si el usuario es consumidor, o bien si es empresa.

3.1.1. Ventas a consumidores

En el supuesto de ventas a consumidores hay que tener presente la normativa regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Hay que tener en cuenta que las acciones que se contemplan en el Título IV del RDL 1/2007 son incompatibles con las acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos de la compraventa. No obstante el consumidor tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados derivados de la falta de conformidad.

Dos tipos de garantías.– El TRLGDCU otorga una serie de derechos al consumidor que son irrenunciables y es lo que conocemos por garantía legal.

Igualmente existe la garantía comercial que es un conjunto de beneficios que el vendedor concede de modo voluntario al comprador y que, siendo este un consumidor, se suman a los de la garantía legal.

El TRLGDCU concede al consumidor el derecho a la reparación gratuita de los defectos originarios, la subsidiaria sustitución de éstos por otros idénticos, si resultan inidóneos funcionalmente; y, como alternativa a la sustitución, la rebaja del precio y resolución contractual todo ello con indemnización de daños y perjuicios. La garantía es obligatoria si se venden productos de naturaleza duradera. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega. En los productos de segunda mano, el vendedor y el consumidor y usuario podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega (Artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 127 del TRLGDCU).

3.1.2. Ventas a empresas

Cuando el comprador es una persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional no será consumidor a los efectos del TRLGDCU y, por tanto, no le será de aplicación dicho texto normativo.

En estos supuestos habrá que estar a los acuerdos y obligaciones contractuales que puedan asumir ambas partes en el uso de la libertad contractual y, en defecto de pacto, al régimen de saneamiento por vicios ocultos previsto en la legislación civil y mercantil.

Este régimen no da derecho a exigir la reparación directamente al vendedor sino que el comprador deberá reclamar mediante demanda judicial interpuesta en el plazo de 6 meses desde la entrega de las piezas, bien una rebaja proporcional del precio a juicio de peritos o bien la resolución del contrato. Cuando las piezas se revendan, este plazo se reduce a 30 días, por tratarse de una compraventa mercantil.

No habrá responsabilidad por vicios ocultos por los defectos manifiestos que estén a la vista ni por los que no lo estén si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, deba fácilmente conocerlos.

En los casos en que no se trate de un mero vicio sino de deficiencias de importancia tal que hagan que la pieza no es apta para el uso que le es propio, estaremos ante un INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO que puede llevar a la resolución del mismo. El plazo para el ejercicio de esta acción será entonces de 15 años (Artículos 1.484, 1.101, 1.490, 1.964 del Código Civil y 342 Código de Comercio).

B. Reparaciones

B. 1. REPARACIONES EMPRESAS

En cuanto a las reparaciones tenemos que estar a las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad contractual en el contrato de arrendamiento de obra y los plazos de prescripción de sus acciones, así como a la normativa regulada en el Real Decreto 1457/1986, de 16 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes. Hay que tener en cuenta que algunas Comunidades Autónomas han publicado sus propios Decretos reguladores, si bien todos ellos han respetado la regulación general sobre garantías.
En efecto, el artículo 16 del Real Decreto 1457/1986 establece la garantía de las reparaciones declarando que “Todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller quedarán garantizadas, al menos, en las condiciones que establece este artículo”, caducando la garantía del taller a los tres meses o 2000 kilómetros recorridos, salvo para la reparación de vehículos industriales en que el plazo es menor (15 días o 2.000 Kilómetros). Esta garantía se aplica tanto a la mano de obra como a las piezas incorporadas para la reparación, salvo que las piezas incluidas tengan un plazo de garantía superior, en cuyo caso y para éstas regirá el de mayor duración.
Este régimen especial de garantía, regulado en el Real Decreto 1457/1986, no puede derogar y dejar sin efecto las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad contractual en el contrato de arrendamiento de obra y los plazos de prescripción de sus acciones, conteniendo la regulación de garantía de las reparaciones del artículo 16 del Real Decreto unas protecciones o derechos mínimos, como por demás expresa el apartado 1 de la norma, que bien puede desplegar sus efectos cuando no resulte acreditado el incumplimiento contractual o la reparación defectuosa por parte del taller, pero, insistimos, sin que el Real Decreto pueda derogar y dejar sin efecto la responsabilidad general contractual derivada del contrato de arrendamiento de obra previsto en el Código Civil.

B. 2. REPARACIONES CONSUMIDORES

Cuando el cliente sea consumidor además de la normativa expuesta anteriormente habrá que tener en cuenta también la LGDCU.

En este sentido se pronuncia la SAP de Las Palmas de fecha 30/01/2013 actuando como Ponente el Ilmo. Sr. Do. Carlos García Isschot (EDJ 2013/60194) en la que se dispone “(…) Dijimos en nuestra sentencia num. 267/2008, de treinta de junio, que SEGUNDO.- El Real decreto 1.457/1986, de 10 enero EDL 1986/8998 , por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, dedica su artículo 16 a la garantía de las reparaciones, la cual, salvo que las piezas incluidas en la reparación tengan un plazo de garantía superior, tiene un plazo de tres de meses o 2.000 kilómetros recorridos y se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra y afectará a todos los gastos que se puedan ocasionar, (transporte, desplazamiento de operarios, valor de mano de obra, etc…). Así que, si se produce una avería durante el periodo de garantía en la parte o partes reparadas, el taller garante, previa comunicación del usuario, deberá repararla de manera gratuita .Esta normativa supone un plus de protección para los consumidores y no una restricción de sus posibilidades de reclamación para el caso de avería, ya que en modo alguno excluye la aplicación de los restantes derechos reconocidos en la legislación civil que puedan corresponder al perjudicado, como son los derivados del art. 1.101 y sgtes del Código Civil EDL 1889/1. No en vano no se debe obviar que el apartado primero del mentado art. 16 contiene la expresión “al menos” y en el apartado 10 se dice literalmente que todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio EDL 1984/8937, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se regula el régimen de garantías y responsabilidades. Normativa esta última que también deriva a las normas civiles y mercantiles que resulten aplicables. Dicho esto, resulta meridianamente claro que cumplido el plazo de garantía o los 2.000 Kilómetros, a computar ambos desde la entrega del vehículo por el taller, el usuario no pierde su derecho a reclamar, sino que el criterio de responsabilidad objetiva que deriva de la normativa especial mentada queda sustituido por el criterio de la responsabilidad por culpa que rige en la legislación civil. Así las cosas, y de sobrepasarse los límites de la garantía especial referida, no cabe sin más dejar desprotegido al usuario sino que se ha de entrar en el ámbito contractual en el que discurre la relación entre el recurrente y la mercantil apelada, el cual encuentra su acomodo dentro de lo pactado por las partes y la tipificación legal que el art. 1.544 hace del contrato arrendamiento de obra, pues la entidad que dirige y gestiona el taller de reparación se obligó a efectuar la reparación o reparaciones en el vehículo del actor a cambio de una cantidad de dinero..(…)”.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA O SOCIAL

En primer término debo indicar que existe una enorme dispersión normativa –estatal y autonómica- que pudiera afectar a los talleres en diversas materias muy específicas que deberían ser objeto de estudio detallado para el supuesto de hecho concreto. No obstante, nos parece adecuado destacar a título de ejemplo algunas materias que aparecen de forma habitual a través de procedimiento administrativo sancionador que finalizan con demandas en la vía contencioso- administrativa, o bien, en la jurisdicción social.

1.EN MATERIA DE INDUSTRIA

La relación establecida entre la actividad de los talleres mecánicos de reparación de vehículos con la seguridad vial, y de la incidencia sobre la sociedad de los servicios que estos talleres prestan a los ciudadanos, justifica la existencia de una legislación específica para su regulación. Esta normativa para talleres mecánicos se ve reflejada en su mayor parte en el Real Decreto 1457/1986, así como en sus respectivas normativas autonómicas.

En el Real Decreto 1457/1986 se establece el procedimiento a seguir para la instalación, ampliación o traslado de un taller mecánico, dando lugar a una serie de trámites, generales y específicos, de obligado cumplimiento. Por otra parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y el Real Decreto 2135/1980, junto con la Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial, marcan la forma por la que deben realizarse estos trámites.

El Real Decreto 1457/86 regula en su Título II las Condiciones y Requisitos de la Actividad Industrial y así en el artículo 4 se establece que antes de la apertura de un taller de reparación de automóviles, dada su vinculación a la seguridad vial, la persona física o jurídica que desee ejercer esta actividad deberá presentar en la comunidad autónoma del territorio donde esté ubicado el taller, una declaración responsable en la que el titular del taller o el representante legal del mismo indique la clasificación del taller, manifieste que cumple los requisitos establecidos en los apartados 7 y 8 de este artículo, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en este real decreto .

Asimismo el titular del taller de reparación de vehículos automóviles o el representante legal del mismo deberá comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración responsable las modificaciones de los datos recogidos en dicha declaración, así como el cese de actividad. Desaparece, por lo tanto, lo que anteriormente se denominaba como Registro Especial de Talleres de Reparación de Vehículos.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 7 y 8 del artículo 4, verificado por la autoridad competente, conllevará el cese automático de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas.

La autoridad competente, en este caso, abrirá, un expediente informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos correspondientes (artículo 4.10 RD 1457/1986).

En todo caso, el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, será de aplicación con los efectos y sanciones que procedan una vez incoado el correspondiente expediente sancionador (artículo 4.11 RD 1457/1986).

Debemos tener en cuenta que el artículo 4.2 del RD 1457/1968 dispone que la puesta en servicio del establecimiento del taller y de las instalaciones de éste sometidas a legislación específica de seguridad industrial, se regirán por lo previsto en la misma.

En este sentido no podemos olvidarnos además de Real Decreto 2267/2004 del 3 de diciembre que establece los parámetros de diseño, construcción e instalaciones de protección contra incendios para establecimientos industriales.

También mencionar el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que regula las características y propiedades de la instalación eléctrica.

Igualmente caso de disponer de aire comprimido en el taller, ha de diseñarse la instalación siguiendo Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

2. EN MATERIA DE CONSUMO

Las infracciones y sanciones que pueden dar lugar en materia de consumo aparecen reguladas en los artículos 19 y 20 del RD 1457/1986, los cuales se remiten a la legislación de defensa del consumidor.

En este apartado es preciso señalar que hay que tener en consideración igualmente la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en concreto los artículos 22 y 23 en los que se establecen las obligaciones de información de los prestadores a los destinatarios de los servicios, así como las obligaciones en cuanto a la gestión de reclamaciones.

En esta línea sancionadora ante eventuales faltas de información y garantía de derechos del usuario se pronuncia el Decreto 109/2004 de 14 de octubre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios, Decreto 2.807/1972 de 15 de septiembre por el que se regula la Publicidad y Marcado en la Venta al Público de Artículos al Por Menor.

De igual modo existe numerosa normativa comunitaria objeto de aplicación en aras de garantizar los derechos de los usuarios (Ejemplo: Reglamento CEE no 1222/2009 del Parlamento Europeo y Consejo de 25 de noviembre de 2.009 sobre Etiquetado de los Neumáticos en Relación con la Eficiencia en Términos de Consumo de Carburante y otros parámetros esenciales).

3. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

La Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, está actualmente derogada por la Ley 10/1998 de residuos, derogada a su vez por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, pero no su reglamento de desarrollo: el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el RD 952/1997, de 20 de junio.

En ellos se define qué son y qué componentes hacen que un residuo sea peligroso, basándose en la lista comunitaria, Catálogo Europeo de Residuos (CER) o Lista Europea de Residuos (en su última versión), obligando además a los productores de residuos peligrosos a la realización de planes de minimización.

En esta última (Decisión de la Comisión Europea de 16 de febrero de 2001) posteriormente publicada en la Orden del Ministerio de Medio Ambiente (MAM) 304/2002 de 8 de febrero, es

donde aparecen identificados los residuos en familias y su posible calificación de peligrosos o no peligrosos.

De acuerdo con esas normas, los talleres de automoción están obligados a:

– Asumir los costes económicos correspondientes a una gestión ambientalmente correcta de los residuos generados.

– Inscribirse en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de la comunidad autónoma, si generan –en conjunto– menos de 10.000 Kg. de residuos de ese tipo al año. De no proceder a dicha inscripción, tendrán consideración de productores, asumiendo mayor número de obligaciones

En cuanto a los aceites usados es importante citar Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, en donde se establece la obligatoriedad de entregar los aceites usados a un gestor autorizado, evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores.

De esta orden, de carácter estatal, se derivan las siguientes obligaciones:

– La prohibición de cualquier tipo de vertido de aceites al agua o al suelo.

– Su almacenamiento en condiciones adecuadas para evitar la mezcla con agua u otros líquidos (disolventes, etc.).

– Disponer de instalaciones que permitan su conservación hasta su recogida y gestión.

Igualmente debemos tener en cuenta el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, afecta los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, entre las que se incluyen:

– Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

– Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios.

En él se establece la obligación de presentar ante la Consejería con competencias en materia de medio ambiente un informe preliminar de situación del suelo que tiene como objeto valorar la posibilidad de que la actividad empresarial actual o anterior, haya producido, o pueda producir, afección al suelo.

Entre los datos a suministrar se encuentran datos generales de la actividad, materias consumidas (primas, secundarias y auxiliares) de carácter peligroso, productos intermedios o finales de carácter peligroso, residuos o subproductos generados, almacenamientos, áreas productivas y actividades históricas.

La elaboración del informe preliminar de situación del suelo no supone obligación alguna de realizar muestreos y análisis, ya que se basa únicamente en la declaración de sustancias y residuos manejados o generados por la actividad.

Por lo tanto los talleres de reparación de automóviles, como empresas que desarrollan actividades potencialmente contaminantes del suelo, tienen la obligación de presentar un Informe Preliminar de Situación del Suelo ante la Consejería de Medio Ambiente de su Comunidad Autónoma correspondiente.

4. EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL

En los talleres mecánicos y en las empresas de recambios los trabajadores se ocupan de reparar, prestar servicios de mantenimiento y revisar automóviles y otros vehículos de motor afines. Estos trabajos incluyen gran variedad de actividades: desde arreglar y sustituir toda clase de piezas, a reconstruir componentes o reparar y pintar carrocerías, lo que conlleva la exposición de los trabajadores a determinados riesgos laborales que hay que prevenir y corregir.

La Ley 31/ 1995 de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores.

La Ley obliga a todas las empresas a elaborar un plan de prevención propio, donde en primer lugar se analicen y valoren los riesgos y en segundo lugar se tomen las medidas de prevención y protección adecuadas para cuidar de la seguridad y salud de sus trabajadores

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el control del cumplimiento de las normas laborales sobre prevención de riesgos, control del que puede derivarse la comprobación de infracciones y la consiguiente propuesta de sanción. El incumplimiento de las obligaciones del empresario acarrea una serie de responsabilidades frente a los poderes públicos y a sus trabajadores que pueden ser de diverso tipo, así penales, civiles, administrativas y laborales.

En esta materia debemos tener también muy presente entre otros, el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo así como el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.