La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Cómo prevenir sanciones

By 29 junio, 2019 agosto 26th, 2019 Blog jurídico
Asesoramiento a particulares extranjeros

La responsabilidad penal se configura legalmente como genérica puesto que la empresa y sus administradores vienen obligados a un control efectivo de todos los empleados de la sociedad y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.

No obstante la reforma del Código Penal ha previsto, como no podía ser de otra manera, exenciones y atenuantes a la responsabilidad penal de las empresas y sus directivos, pero para ello exige un determinado comportamiento, concretamente la adopción de unos protocolos de vigilancia y control.

El artículo 31 bis establece las exenciones de la responsabilidad:

  • El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza.
  • La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control.
  • Los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  • No se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la letra b.

Asimismo, establece los atenuantes de la responsabilidad:

  • Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
  • Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para establecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  • Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.