El abogado de Bilbao Óscar Calderón ha sido nombrado nuevo presidente de la firma de servicios jurídicos Hispajuris y sustituirá a Javier López y García de la Serrana, que ha ocupado el puesto durante tres años.
El nuevo presidente, nombrado por unanimidad por la Junta General de socios de Hispajuris, centrará su proyecto en el impulso de la firma como oferente de servicios legales adaptados a los nuevos tiempos, atendiendo las necesidades de pymes locales en una situación de crisis, y reforzando, a la vez, la prestación de servicios a grandes empresas que quieren centralizar la atención de sus necesidades en toda España reduciendo el número de abogados contratados y agilizando la gestión legal.
El diseño de servicios legales dirigidos específicamente a sectores empresariales concretos, como el transporte, franquicias o las cadenas de distribución minorista, como las grandes cadenas de restauración o supermercados, será otro de los ejes estratégicos.
Óscar Calderón, abogado y economista, con 30 años de experiencia profesional es experto en responsabilidad civil y en seguros, así como en el asesoramiento de empresa. Tendrá como vicepresidente a Ángel Sánchez y Resina, abogado y socio en Santander de Hispajuris.
Hispajuris es una firma jurídica integrada por 33 socios locales distribuidos por toda España, con más de 600 profesionales, y que presta servicio multidisciplinares en todo el país, tanto a empresas como a particulares.
Javier García de la Serrana abandona el cargo, tras haber relanzado la marca Hispajuris, estrategia en la que se enmarca la adhesión de la firma como empresa asociada a CEOE, y su participación en los distintos foros de debate jurídico, incluida la organización de numerosas jornadas divulgativas sobre materias jurídicas de actualidad.
Asimismo, su presidencia ha contribuido a situar a Hispajuris como uno de los despachos líderes en una de las reclamaciones de daños más importantes en España y en Europa en los últimos años, como son las demandas contra los fabricantes de camiones sancionados por prácticas anticompetitivas, y en defensa de cientos de transportistas.