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Abogados responsabilidad del Estado Covid-19

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración por el perjuicio económico de empresas y profesionales

– Estudio de viabilidad previo
– Analizamos las medidas que le han afectado según su actividad y evaluamos el daño sufrido.

Le ayudamos a salvar su negocio

Todas las soluciones legales para la empresa en un entorno de crisis, a su alcance en una sola llamada.

Teléfono: 900 105 108

Por qué Hispajuris: el despacho local más grande

– Abogados en su ciudad – 35 sedes en toda España
– Un equipo de 300 abogados a su servicio
– Tenemos especialistas para cada necesidad: asesoramiento y defensa judicial
– Laboral- Concursal – Contratos públicos y privados – Reclamaciones Administración – Conocemos su sector

A quién va dirigido

  • Empresas y profesionales perjudicados por la paralización de sus actividades decretada por el Gobierno, dentro de las medidas excepcionales relacionadas con el COVID-19
  • Afectados por daños personales relacionados con la asistencia sanitaria

Sus problemas

  • Ha sufrido un perjuicio económico grave, debido a la paralización de su actividad, que requiere de una reparación en forma de indemnización para compensarle
  • Quiere un resarcimiento por la indebida atención médica, o la ausencia de la misma, imputable a la Administración
derecho mercantil

Nuestras Soluciones

El Departamento de Derecho Administrativo de Hispajuris, a su servicio:

Contamos con un equipo de abogados especialistas con una amplia experiencia en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Nuestra filosofía de trabajo: rigor y cautela

– Su caso concreto, es lo que cuenta.- Nuestro equipo de abogados expertos en reclamaciones a la Administración ampliará su caso concreto, considerando variables como el tipo de actividad, el perjuicio económico sufrido, la actuación de la Administración concreta que le ha podido perjudicar.

– ¿Qué responsabilidad y en qué casos, cabe exigir a la Administración por los daños sufridos por los ciudadanos empresarios y comerciantes? Se lo explicamos en este artículo sobre Las claves legales para reclamar al Estado por el Covid-19

No podemos garantizarle la viabilidad de cualquier reclamación. Con carácter general, hay que considerar si la declaración del estado de alarma, el momento en que se decretó, y las medidas que lo han ido acompañando para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19— son actuaciones que generan responsabilidad patrimonial de las Administraciones implicadas en la gestión de los servicios públicos./p>


Servicios

Reclamación de indemnización de daños por parte de profesionales y empresas

Usted ha sufrido perjuicios económicos derivados de las medidas adoptadas por el gobierno al amparo de los decretos de alarma: requisas de bienes para uso público-sanitario, ocupación y uso público de su establecimiento para fines sanitarios o, simplemente, orden de cierre de establecimiento comercial o paralización forzosa de actividad por razones de salud pública.

Pues bien, partiendo de este precepto hay que determinar, si éste se puede hacer efectivo, en qué supuestos y en base a que normativa y procedimiento se pueden exigir estos daños y perjuicios.

Las indemnizaciones podrían ser más claramente exigibles en caso de requisa de bienes o intervención y ocupación de industrias, fábricas o locales (en los que se podría cuantificar un daño emergente consistente en el valor de los bienes o de la propia ocupación), que los supuestos en los que la disposición del Gobierno se limita a prohibir la apertura de un establecimiento comercial o la que ordena la paralización de una actividad, supuestos en los que está latente un daño en forma de lucro cesante.

Las reclamaciones de responsabilidad en este segundo supuesto, requerirían no apreciar la fuerza mayor en cuanto a la desatención de las alertas sanitarias y la adopción de medidas tardías.

En el primer supuesto, los daños susceptibles de indemnización son los debidos al ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 13 del Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020) al Ministro de Sanidad, para, entre otras cosas, «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico» o a «practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias»,

En este caso, hay que aplicar la Ley de Expropiación Forzosa y reclamar en el plazo de un año desde que finalice el estado de alarma, momento en el que se podrán cuantificar los daños y perjuicios por los servicios prestados o los bienes requisados y reclamar oportunamente ante la administración estatal responsable.

Le ayudamos así:

– Asesoramiento previo. Hemos de conocer su caso particular, tipo de contrato, actividad
– Recurso administrativo previo
– Recurso contencioso-administrativo. Vía judicial Administración


Daños personales relacionados con la atención sanitaria

Tenga en cuenta que, en cuanto a las prestaciones sanitarias, no rige la obligación de la Administración de obtener un resultado curativo, y evitar muertes, sino de prestar asistencia dentro de los medios razonablemente exigibles, determinando en cada caso si el personal médico puso todos los medios a disposición del enfermo para sanarlo, de conformidad con la lex artis médica, según los conocimientos técnicos y científicos.

Hay que examinar cada caso en los que se entienda que ha podido ocurrir un incumplimiento de la lex artis en la prestación del servicio sanitario o defectuosa gestión de los medios al servicio del centro hospitalario para prevenir o atender los pacientes ingresados o los enfermos contagiados o no pendientes de ingreso.

Supuestos como contagios de enfermos ingresados por otras patologías; inacción ante síntomas evidentes de contagio con consiguiente agravamiento de la situación del paciente; error de diagnóstico sin ajustarse a los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, etc, pudieran dar lugar a esa responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria con el consiguiente resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

También cabría acudir a la exigencia de responsabilidad penal, según los requisitos legales requeridos. Se lo explicamos en este artículo sobre Las claves legales para reclamar al Estado por el Covid-19

Le ayudamos así:

– Asesoramiento previo. Hemos de conocer su caso particular
– Propuesta de acciones legales, si las estimamos viables.


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